El condenado ex fiscal Carlos Albaca seguirá cumpliendo la pena de seis años de prisión a la que fue sentenciado por encubrimiento en el marco de la investigación de la muerte de Paulina Alejandra Lebbos en el penal de Villa Urquiza. Así lo determinó hoy la jueza de Ejecución de Sentencias, Ana María Iacono, durante una audiencia virtual en la que Albaca estuvo presente desde el penal de Villa Urquiza, donde permanece desde hace una semana.

Albaca fue condenado en diciembre de 2021 por el delito de encubrimiento agravado, en el marco del expediente por el crimen de Paulina Lebbos. A fines de abril, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, integrada por los vocales Gustavo Romagnoli, Stella Maris Arce y Luis Fernando Morales Lezica rechazó los últimos planteos que había presentado Albaca, lo que derivó en el pedido de captura y detención. La sentencia de seis años de prisión había quedado firme en diciembre del año pasado pero luego de esto el ex fiscal solicitó un recurso extraordinario federal para que la sentencia fuera revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que finalmente fue denegado.

Alberto Lebbos: "Ahora me voy a transformar en carcelero para ver si Albaca está en su casa"

La jueza advirtió que falta documentación respaldatoria del pedido de la defensa de Albaca, a cargo de Macario Santamarina, y que por lo tanto no se podía acceder al beneficio.

Al justificar el pedido de prisión domiciliaria Santamarina alegó que Albaca tiene actualmente 71 años, y afirmó que es facultad de los jueces otorgar ese beneficio. “En estas circunstancias hay que tener en cuenta el trato humanitario de la pena y la protección de la persona anciana”, afirmó. Y relató que Albaca tiene enfermedades de base como hipertensión, diabetes de adulto, gastritis e incluso una operación de rodilla. “El cambio de modalidad no desnaturaliza la pena. Entiendo que no puede ser una resolución a pedido de la ciudadanía. La sociedad siempre quiere sangre y fuego, ´pero la pena debe tener fines humanitarios, con fines de resociabilización”, afirmó. Y remarcó: “Albaca tiene una sola causa penal, y por esta causa hay un recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue condenado en diciembre del 21 sin medidas de restricción y nunca dejó de estar a derecho. Tuvo múltiples posibilidades de eludir a la justicia pero estuvo apegado al derecho”. Aseguró además que “aquí hay un plus de castigo. El servicio penitenciario lo tiene en el hospital de la unidad 9, no tiene posibilidad de juntarse con los otros reclusos, acceder a recreos, no se puede garantizar su seguridad. Está totalmente aislado, y esto implica condiciones de detención más graves que las de otros presos. El castigo es mayor al del propio encierro”. Finalmente remarcó que “en su casa es imposible que él salga a la calle sin ser visto”.

A su turno, la representante del Ministerio Público Fiscal, Fernanda Antoni Piossek, rechazó el pedido del defensor de Albaca. “No hay una propuesta del servicio penitenciario con respecto al cambio de modalidad en la detención, y por eso nos vamos a oponer a la concesión del beneficio. No contamos con elementos para hacer un dictamen”, dijo. Y agregó: “la ley no distingue entre fiscales o no. El principal fin de la ejecución de la pena es conocer la gravedad del delito por el cual se le impuso la pena”.

También la representante de la querella, Soledad Dezza, también pidió que se rechace el beneficio. “Queremos que se mantengan las condiciones de detención tal y como están. No hay un pedido del Servicio Penitenciario. Él tiene privilegios para resguardar su salud y su integridad, y por eso está aislado del resto de los detenidos”, advirtió.

Finalmente, Alberto Lebbos, el padre de Paulina aseguró que Albaca fue condenado por un delito grave, “significativo de abuso de poder”. “Debe darse cumplimento efectivo a la condena ya que puede eludir la acción de la justicia. Queremos que se tengan en cuenta los derechos de la víctima”.

Albaca, que se encontraba en el hospital de la unidad 9 de Villa Urquiza al momento de la audiencia, no hizo uso de la palabra más que para apoyar el pedido de su defensor. “Ya lo dijo el doctor Santamarina”, refirió.

Finalmente la jueza Iácono decidió rechazar el pedido al considerar que no había una propuesta del servicio penitenciario para el cambio en la modalidad de detención, y tampoco había un informe socioambiental del domicilio del fiscal, donde él quiere finalmente ser alojado. “No estamos en condiciones de resolver lo peticionado y esperaremos los informes que necesitamos”, advirtió antes de cerrar la audiencia. Cuando se tenga la documentación requerida se realizará una nueva reunión, donde finalmente se decidirá el futuro del ahora condenado ex fiscal.